El primer ministro empezó esta parte del discurso diciendo:  "Ataque frontal contra la corrupción"...  Me pareció un mal inicio.  ¡Cuántas veces he escuchado esa frase!  Junto a otras, tipo "tolerancia cero", "guerra a muerte", "cruzada"... que, la verdad, han servido para poco más que retórica.

Sin embargo, la cosa se puso seria luego, pues Lerner soltó varias ideas interesantes:

Se reestructurará y unificará las actuales Procuradurías Anticorrupción y Ad Hoc en una única Procuraduría Anticorrupción.

La Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se creó, precisamente, para investigar la organización criminal encabezada por estos angelitos.  Una vez que ha terminado lo grueso del proceso (incluyendo sanciones a los dos capos), su existencia ya no es necesaria, por lo que integrar su experiencia dentro de una Procuraduría Anticorrupción es importante, sin dejar de lado los casos pendientes y ver lo de las reparaciones civiles (Cf. más abajito).  No me quedó claro qué pasaría con las procuradurías regionales anticorrupción.

Se propondrá la imprescriptibilidad de la persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por los funcionarios que contempla el artículo 99º de la Constitución, y la inhabilitación perpetua para ejercer función pública para quienes delinquen dolosamente en graves casos de corrupción.

Esta ha sido la medida caballo-de-batalla del humalismo desde hace cinco años. Largamente demandada además, y ya desestimada por el Congreso en más de un debate. Veremos si sale esta vez, pues es necesaria como elemento disuasivo. Por si les interesa, los funcionarios que señala el artículo citado son: el Presidente de la República; los congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema de Justicia, Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General.

Se propondrá una ley para que los costos que asume el Estado durante la permanencia de un condenado por corrupción en el centro penitenciario, se incluyan en la reparación civil que pague el condenado a favor del Estado.

¿Lograron cobrarle a Crousillat los S/. 80 millones de reparación civil? ¿Cuánto deben los miembros de la mafia de los noventa en reparaciones? En serio, bacán aumentar el costo, pero hay que mejorar los mecanismos para cobrarlos.

Mediante Decreto Supremo se creará una Procuraduría General para casos de corrupción y criminalidad para altos funcionarios del Estado, que forme parte del Sistema de Defensa Jurídico del Estado.

En rigor, esta sería la agencia anticorrupción del Perú, o para ponerlo más claramente, quien dirija esto sería el verdadero "Zar Anticorrupción". Recordemos que "freir un pez gordo" es una de las recomendaciones más importantes que hace Robert Klitgaard como parte de sus propuestas de reforma institucional contra la corrupción. Esperemos que con esta oficina los escándalos grandes sean perseguidos apropiadamente, se leventen buenas pruebas y no se claudique hasta que esos peces gordos se frían en cana. No hay que olvidar que se necesita también jueces y fiscales independientes y capacitados para entender y evaluar casos complicados.

El gobierno respaldará la acción de la Contraloría. Otorgará recursos para financiar las plazas de auditor de los órganos de control de las entidades, incluyendo las FFAA y la Policía.

Para ser justos, esta reforma la inició Matute, y Khoury le metió punche. Es fundamental que quienes controlan a las entidades tengan autonomía para hacer su chamba, y depender directamente del sistema de control y ya no de las entidades que controlan, pues claro que ayuda mucho. Ojo que la Contraloría también necesita respaldo en el Congreso para que pasen cinco proyectos que buscan mejorar su capacidad de acción, incluyendo poder auditar fondos ejecutados via organismos internacionales.

Se ha procedido a la reorganización del Organismo Superior de Compras del Estado [sic] OSCE y se ha iniciado una rápida investigación de las denuncias en el Banco de Materiales. Asimismo esperamos que los casos judicializados de gran corrupción pública, como el de BTR y Cofopri sean sentenciados con prontitud y justicia.

Tres anuncios en un párrafo. Bien con lo de OSCE. Ha habido muchos escándalos en su cúpula últimamente, lo cual habla mal del mecanismo de selección de los vocales, que espero que esté dentro de la reorganización. Bien con lo de investigar las denuncias recién aparecidas. Pero me preocupa, aunque lo entiendo, el tono de corrección con respecto a los casos BTR y Cofopri, supongo que para no chocar con la autonomía del sistema de justicia. Creo, sin embargo, que podría haber dicho que como gobierno, a través de las procuradurías, van a hacer todo lo posible para defender los intereses del Estado en esos casos.

Lo que falta:

La transparencia fue la principal ausente del discurso en este campo. Nuestra ley es buena, sin embargo tiene una carencia básica: "no tiene dientes". Eso, en buena medida, podría ayudar a entender por qué con más de nueve años de vigencia solo cinco ministerios cumplan con sus obligaciones de forma satisfactoria o que haya una tasa tan baja de respuesta a pedidos de acceso a información. Donde la ley de transparencia funciona mejor es donde hay una entidad encargada de garantizar el derecho a la información, como en México o en Chile, donde el Consejo para la Transparencia tiene la capacidad de resolver los reclamos por denegación del acceso a la información.