El Ministerio de Justicia informó en su cuenta de Tuiter, hace un par de días, que separó a Carlos Conde Meléndez de su puesto como procurador anticorrupción descentralizado del distrito judicial de Ucayali.  Días atrás, había salido en varios medios una nota que informaba que Conde había sido detenido mientras cobraba una coima de S/. 2 mil.  Uno de esos operativos en el que se fotocopian los billetes para tener elementos de prueba indiscutibles y se filma la intervención.

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Conde es militante aprista, según consta en su registro en Infogob.  Militante activo, además.  E incluso llegó a postular al cargo de alcalde de Coronel Portillo en las elecciones del 98, aunque sin éxito.

Asumió la procuraduría anticorrupción de Ucayali a mediados de 2010.  Según la memoria 2010 del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), la oficina dirigida por Conde (que cuenta con un solo miembro:  él;  o, más bien, contaba), lleva once procesos, y logró siete sentencias favorables y ninguna en contra.

Al margen de estos datos, hay dos cosas de fondo a las que no habría que perder de vista:

1. Quien denunció a Conde fue Beatriz Yamashiro, hija de David Yamashiro, alcalde de Coronel Portillo.  Ella estaba siendo investigada por manipular una licitación del municipio para el programa del vaso de leche, con el fin de obtener fondos para su campaña como candidata al Congreso por Fuerza 2011.  La cosa no es nada sencilla:  hay un audio muy explícito de por medio con ella de protagonista, pago de favores políticos, estrategias de financiamiento de campañas y un interés de los opositores al alcalde para aprovechar el caso y movilizar la vacancia de Yamashiro.  La tontería de Conde no debería desviar la investigación.

2. Una tarea pendiente es cruzar la hoja de vida profesional de Conde, para ver en base a qué fue nombrado en un puesto tan importante (no olvidemos que en Ucayali operan mafias de tala ilegal muy poderosas, que recurren extensivamente a la corrupción para mantenerse y expandirse).  Asociado a ello, está la tarea de aplicar una revisión a las hojas de vida de todos los miembros del sistema de procuradurías anticorrupción, con especial atención a los que tengan carné del partido de gobierno anterior.  Es decir, de un simple caso de soborno (a una autoridad anticorrupción), se podría escalar a un caso de copamiento de instituciones de lucha anticorrupción.  Seguramente, el CDJE debe estar llevando a cabo esta tarea técnica;  pero si se encuentran elementos irregulares en los nombramientos, la cosa podría ponerse complicada para la gestión anterior.