Transparencia Internacional (TI) lanzó hace poco su Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) para este año.  Voy a dedicar esta entrada a comentar algunas impresiones sobre lo que los datos nos dicen sobre el Perú.

Debo subrayar que se trata de una medición de percepciones sobre corrupción y no de grados reales de corrupción.  Apenas se lanzó he visto varios comentarios ligeros sobre el grado de corrupción del Perú, por ejemplo, en esta nota de El Comercio, donde el autor muestra que jamás se dio el trabajo de revisar la metodología antes de insinuar que la corrupción de ahora es mayor que la del año pasado (leyéndose entre líneas que este gobierno es más corrupto que el anterior), cuando los datos han sido recogidos entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011.  O sea que el IPC 2011 nos dice cómo era percibido el Estado peruano en la fase final del gobierno de Alan García.

Bien, ya tenemos eso claro.  Ahora, vamos a los datos.  En el siguiente gráfico se puede apreciar una comparación de los resultados de los países de América Latina:

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Venuezela y Paraguay muestran los índices más bajos, representando una percepción más extendida de corrupción en esos países, mientras que en el otro extremo, Chile y Uruguay se encuentran los mejores resultados;  ambos están, además, más de un punto por encima de los que les siguen (lo cual, en una escala de 0 a 10, considerando a estos veinte países, debe significar algo).

Algo también debe significar el 3.4 de Perú, que se ubica, incluso con ese valor, de la mitad de la tabla para arriba, pues hay muchos otros que obtienen resultados aún más bajos.  La idea de esta entrada es tratar de explorar qué puede ser ese "algo" que nos esté diciendo esta situación.  Para ello, creo que podría hacer tres cosas, no necesariamente excluyentes:   1) pasar revista a los escándalos del periodo, 2) revisar las medidas tomadas en el periodo;  y, además, considerando un detalle que no debiéramos dejar pasar, que es que las fuentes principales del IPC son, en general, empresarios que hacen negocios con el Estado, 3) considerar qué tantas oportunidades había para la corrupción en esos negocios, en opinión de sus propios actores.  Las percepciones son cosa complicada, y probablemente los tres elementos jueguen su papel:  los escándalos suelen calar en la opinión pública (1), la cuestión puede matizarse dependiendo de cómo se responda a ellos (2);  pero también pueden relativizarse, afianzándose o no, en vista de las propias experiencias de un individuo, que podrían llegar a ser más determinantes al formar opinión (3).

Escándalos

Fernando Barrios. Tomada de El Comercio

Martín Tanaka planteó hace un tiempo una interesante hipótesis para entender la corrupción durante el último gobierno de García, que conviene recordar.  En su opinión, los operadores corruptos se encontraban fuera del aparato estatal, a diferencia del fujimorismo (sistema de corrupción desde el vértice del Estado) y del primer aprismo;  y los corruptos, a diferencia del toledismo, constituían una red (o redes, más bien) mejor articuladas y dispuestas a llegar a ligas más grandes.  Además, el contexto es el de la desrregulación, por lo que los corruptos operan con actores privados, cuando en el primer aprismo las empresas estaban en manos del gobierno.  Tanaka escribía a propósito, principalmente, de los Petroaudios, pero luego los casos que aparecieron de Fernando Barrios (EsSalud) y Omar Quezada (Cofopri) en el 2010 relativizarían esa interpretación:  tratándose de cabezas notables del partido (el gerente estrella y uno de los líderes "cuarentones" más encumbrados), la corrupción al interior del aparato estatal por operarios del propio partido sin actores privados de por medio, volvió a escena.  Nunca se fue, en realidad (ya había ocurrido, solo como ejemplo, lo del sobreprecio en la adquisición de raciones de emergencia para atender a los damnificados del terremoto de agosto de 2007, cuyo principal responsable, por cierto, fue indultado por García), pero ahora recobraba preeminencia, generándose así una coexistencia entre la corrupción característica del APRA de los ochentas con la del actual.

Medidas anticorrupción

Villa Stein y Matute, ex pdte. de CAN y ex secretario técnico). Tomada de PJ

Luego del deceso de la Oficina Nacional Anticorrupción, el gobierno convocó a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).  Allí diluyó su responsabilidad, pues consistía (consiste, en realidad:  la ex adjunta de la Defensoría del Pueblo para la administración pública, Susana Silva, ha sido designada como su secretaria técnica en días pasados, reemplazando al ex contralor Genaro Matute) en una mesa de coordinación entre entidades públicas distintas con competencias para enfrentar la corrupción y organizaciones sociales involucradas en este campo.  (Cabe recordar que la ONA cayó, sucediendo a dos Consejos Nacionales Anticorrupción y a una Comisión Nacional Anticorrupción.  En efecto, los zares no han funcionado en este país, como no suelen funcionar en ninguna parte.)

Fuera de la creación de la CAN no puedo señalar alguna otra medida contra la corrupción que se haya tomado en el período.  El valor del IPC podría estar señalando también una sensación de que no se hace mucho por evitar la corrupción en el sector público peruano.

Oportunidades de corrupción en la interacción comercial público-privado

Posiblemente este sea el punto más complicado para elaborar.  Básicamente por la ausencia de información con qué contrastar las impresiones que recoge el índice de TI.  Así que tomaré algún dato tangencial, como por ejemplo la situación del sitema de adquisiciones y contrataciones, cuyos ajustes desde el primer mes de gobierno de Alan García II están muy bien reseñados por Nilo Vergara en el capítulo correspondiente de este informe del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción.  Básicamente, Vergara señala que entre agosto de 2006 y septiembre de 2009, el gobierno ha promovido la aprobación de normas que buscan agilizar la ejecución de obras y contrataciones, creando mecanismos paralelos, más expeditivos que el sistema original, incluyendo la tercerización del proceso en manos de organismos internacionales, públicos o privados.

Fuente: RPP

Esto trae un problema clave, pues la eficiencia es, en las consideraciones de esas normas, equivalente a rapidez en el proceso que va desde la convocatoria hasta la selección.  Ello no reduce las oportunidades para la corrupción, y en realidad las aumenta, pues reduce la posibilidad de que más empresas se enteren de concursos y, por lo tanto, se reduce también la atención sobre determinados procesos y la potencial demanda de transparencia.  Además, el valor mercantil de la información calificada sobre concursos podría aumentar, y funcionarios interesados en obtener un soborno al venderla a tales o cuales empresas podrían estar haciendo su agosto.  Cabe anotar que las modificaciones no solo incluyen concursos de adquisición de bienes, sino también para ejecutar obras y realizar contratos de servicios.  Las suspicacias despertadas por los convenios de la Municipalidad de Lima, bajo su administración anterior, con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque previos al periodo analizado, ilustran esta situación.

Este contexto podría ayudar a entender -tangencialmente, repito- la sensación de corrupción en las actividades que los privados desarrollan en sus operaciones con el Estado.

¿Cómo se vinculan estas opiniones con el impacto público de los escándalos de corrupción y con la dejadez que se ven de parte del gobierno nacional para luchar contra la corrupción?  Es una pregunta que requiere mucha más investigación, pero al menos ese datito que el IPC brinda sobre Perú permite que nos la planteemos.