Para cerrar el 2011, me pareció útil armar una entrada recopilando algunos de los eventos más importantes relacionados a la corrupción que se han publicado y comentado este año.  He dividido esta larga entrada en tres entregas:  cifras, escándalos y medidas contra la corrupción.  En esta primera compartiré algunas notas sobre lo complicado que resulta hablar de los números de la corrupción.

Cifras

Con respecto a la corrupción, las cifras son lo más esquivo que puede haber (fuera de los corruptos mismos).  Se sabe qué consecuencias genera la corrupción;  se ha identificado sus causas y sus diversas manifestaciones;  se ha analizado percepciones y victimización a través de encuestas.  Pero nunca hay certidumbre sobre las cifras:  ¿cuánto cuesta la corrupción?  ¿qué tan extendida está?  Solo hay cifras oficiales, que siempre tienen las desventajas de o no registrar lo que no se denuncia formalmente o generar desconfianza porque son recogidas de forma muy deficiente;  y también hay estimaciones en base a esos datos o a escándalos.  Algo similar pasa con la cantidad de involucrados en actos de corrupción.

Las cifras son clave para cualquier política pública.  En el caso de la lucha contra la corrupción, si sabemos cuánto estamos perdiendo, podremos estar en capacidad de decidir si es importante o no invertir en proteger esos fondos y cuánto sería lo razonable.   Si sabemos cuántos involucrados en corrupción hay y cómo se desenvuelve ese indicador, podemos monitorear si estamos avanzando en la detección y sanción o en la disuasión.  En el Perú, lamentablemente, no contamos con cifras verosímiles, y en el 2011 varios hechos lo confirmaron.

El primero de estos episodios ocurrió cuando el Contralor de la República sustentó su plan de trabajo ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del nuevo Congreso.  De la nota de prensa que la Contraloría emitió para informar de tal actividad, los medios destacaron dos grandes números:  que entre 2009 y 2010 el país perdió S/. 68 millones por corrupción;  y que la Contraloría había detectado más de 10 mil funcionarios involucrados en irregularidades.

Son cifras abrumadoras a primera impresión y la idea que surge inmediatamente es:  "se han estado levantando en peso el país".  De hecho, 68 millones parece un monto enorme.  Sin embargo, tan solo un par de meses después de soltar esos datos, el propio Contralor señaló en la II Conferencia Internacional Anticorrupción, a inicios de octubre, que la corrupción podría estarle costando al Estado actualmente S/. 10 mil millones al año.  No soy muy bueno en estadística, por lo que me cuesta imaginar una ecuación que proyecte los 68 millones detectados (en dos años) hasta la cantidad sugerida por Khoury en ese segundo episodio.  ¿Cómo se relacionan?  No se sabe.  (Cabe anotar que en una entrevista a El Comercio en el 2004, Genaro Matute, entonces Contralor, estimó que la pérdida anual rondaba los 6 mil millones de soles, un 15% del presupuesto de esa época;  pero tampoco hubo mayor información sobre el cálculo.)

Puede ser ilustrativo recordar un gráfico preparado por el historiador Alfonso Quiroz sobre costos de la corrupción en el Perú republicano, publicado en la compilación El pacto infame (CIUP, 2005), al cual le he agregado el 10% de pérdida que representarían los 10 mil millones de Khoury sobre el presupuesto público modificado (PIM) de 2011 al día de ayer (113 mil millones y pico).

Quiroz (2005). El dato de 2010 ha sido agregado por mi.

Quiroz identifica pérdidas por casi la mitad del presupuesto de la República para la época del guano y la consolidación de la deuda, a mediados del siglo XIX, y que no bajan de un cuarto del pastel durante todo el periodo que él analiza (hasta la década de los noventa del siglo XX).  Así, si nos guiáramos por el estimado del contralor Khoury, aún siendo una cifra estrepitosa, estaríamos, digamos, bastante bien... en términos relativos o porcentajes, claro.

Pero luego recordamos los 68 millones oficiales y tenemos que representan menos de 0.1% del presupuesto;  mejor todavía.  Casi llegamos a la meta.  Ganamos y a otra cosa mariposa.  Esta diferencia es clave, pues si la corrupción sigue siendo un problema tan grande (1 de cada 10 soles perdidos por corrupción), ameritaría una inversión mucho mayor en controlar;  pero si es casi imperceptible, no habría necesidad de invertir más de lo que ya se hace, por lo que discutir aumentos al presupuesto de esta entidad no tendría mayor sentido.  Este abismo muestra la importancia de justificar proyecciones serias y rigurosas.

Lamentablemente, casi ninguna otra entidad produce cifras.  Una de las pocas era la procuraduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos.  De hecho, el célebre ranking de Transparencia Internacional de los top-10 gobernantes contemporáneos más corruptos, que incluyó a nuestro ex candidato al senado japonés, utilizó datos de esa oficina.  Ahora, con la fusión dentro de una única procuraduría anticorrupción, pareciera haber mantenido esa buena costumbre.  Así, el procurador Arbizú hizo saber que la organización criminal de Fujimori y Montesinos movía fondos por US$ 1,500 millones a través de cuentas bancarias en Panamá, lo cual es un indicio claro de que hay mucho dinero todavía por congelar y repatriar.

Y hablando de dinero que debiera reingresar, el año 2011 había empezado con la re-captura de José E. Crousillat, luego de su vergonzoso indulto por el gobierno aprista.  A propósito de ese hecho, los medios recordaron que el broadcaster había pagado tan solo S/. 10 mil de los S/. 80 millones que se le había clavado cuando fue sentenciado.

Finalmente, unas cifras que pasaron poco advertidas son las que se encuentran en la memoria 2010 del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.  Claro, son cifras de 2010, pero aparecieron el 2011.  Allí se señala que durante 2010 se recuperaron S/. 283 mil y se fijaron reparaciones por S/. 22 millones (aunque se advierte que en un solo proceso -Montesinos-Venero- se pidió S/. 20 millones).  Pero, y aquí volvemos al inicio, la calidad de estos datos es muy pobre.  El propio Arbizú ha hecho público su malestar por la situación de las procuradurías descentralizadas:  ubicadas en garages de otras entidades, con 1.5 funcionarios por oficina, sin recursos... ¿son confiables sus cifras?

Por lo tanto, más allá de lo espectacular que puedan sonar las cifras sobre corrupción, lo que necesitamos es que estas sean sólidas.  Definitivamente una política anticorrupción debe considerar la producción (y seguimiento) de datos confiables.